El proceso continúa hasta el 13 de diciembre, con atención diferenciada por letras del apellido y requisitos específicos para asegurar el acceso a los apoyos federales.
El proceso de registro para la Pensión Bienestar dirigido a adultos mayores y mujeres continúa en todo el país, con fechas específicas asignadas según la primera letra del apellido. Este martes 8 de diciembre, únicamente deben acudir quienes tengan apellidos que comiencen con las letras A, B o C, en horarios de 10:00 a 16:00 horas. El calendario, elaborado por la Secretaría de Bienestar, establece que las personas con apellidos que inicien con D, E, F, G, H deben acudir el 9 de diciembre; quienes tengan inicial I, J, K, L, M, el 10 de diciembre; N, Ñ, O, P, Q, R, el 11 de diciembre; S, T, U, V, W, X, Y, Z, el 12 de diciembre; y en el último día, el 13 de diciembre, podrán registrarse todos los apellidos en un solo día.
Para realizar el trámite, es imprescindible presentar algunos documentos oficiales, como identificación vigente, comprobante de domicilio, CURP, acta de nacimiento legible y un número de teléfono vigente. La Secretaría del Bienestar recomienda que el contacto sea estable para facilitar futuras comunicaciones relacionadas con las entregas del apoyo económico, que consiste en 6,200 pesos bimestrales para los adultos mayores y 3,000 pesos para las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar. Además, si un asistente realiza el trámite en nombre del beneficiario, debe portar la documentación requerida.
El proceso de registro se realiza en módulos distribuidos en todo el país, cuya ubicación exacta puede consultarse en la plataforma oficial, donde también se detallan horarios y direcciones. La relevancia de esta política social radica en su intención de reducir la vulnerabilidad económica de quienes han aportado toda su vida al bienestar del país, brindándoles un apoyo que contribuye a mejorar su calidad de vida en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado y enfrentamiento a riesgos sociales.
De fondo, el programa de pensiones constituye una estrategia clave para disminuir las desigualdades y garantizar derechos sociales básicos. Su continuidad, además, refleja el compromiso del gobierno federal por ampliar la protección social en un país con altas cifras de pobreza y marginalidad en grupos vulnerables, especialmente en un marco donde la población adulta mayor crece significativamente.