El alcalde destaca el reto que representan estos desarrollos para la prestación de servicios públicos y la obtención de recursos federales.
En Tijuana, aproximadamente 800 fraccionamientos permanecen sin haber sido entregados oficialmente al Ayuntamiento, lo que restringe la prestación de servicios públicos y limita el acceso a fondos federales para estas zonas. La situación responde a particularidades específicas de cada desarrollo, lo que ha llevado a que en algunos casos se requiera intervención del Congreso o decretos estatales para regularizar su estatus.
El municipio trabaja en coordinación con la gobernadora para analizar las opciones legales que permitan agilizar la regularización de estos fraccionamientos. Actualmente, siete de cada diez desarrollos cumplen con los requisitos necesarios y están en proceso de formalización, en un esfuerzo por resolver rezagos de administraciones pasadas.
La entrega formal de estos sectores es fundamental para garantizar servicios básicos como recolección de basura, agua y alumbrado, además de vincularse directamente con la mejora en la distribución de recursos federales. La autoridad municipal continúa evaluando diferentes esquemas jurídicos para superar las particularidades y obstáculos que enmarcan a cada fraccionamiento.
El alcalde reforzó su compromiso de avanzar en la regularización y ofrecer condiciones iguales para todos los vecinos de la ciudad, asegurando que todos tengan acceso a los servicios que garantizan su bienestar y el desarrollo urbano ordenado.