La negativa de un juez para facilitar la comparecencia de funcionarios genera polémica sobre la independencia del poder judicial y su influencia en investigaciones legislativas.
La resolución de un magistrado de mantener fuera de la investigación a ciertos funcionarios evidencia tensiones entre el Poder Judicial y el Congreso en un momento de requerir colaboración para esclarecer irregularidades. La negativa de un juez a facilitar el acceso de la comisión Libra al apoyo de la fuerza pública generó rechazo de los legisladores, quienes acusan un intento de obstrucción hacia su labor de control político. La decisión implica que figuras clave, como funcionarios de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, no puedan ser obligados a comparecer, complicando una investigación en marcha. La determinación también permite preservar las garantías constitucionales de los citados, argumentando que la utilización de la fuerza sería una forma de violar derechos fundamentales. La disputa refleja una tensión histórica en la supervisión de poderes y pone en evidencia la importancia de garantizar un equilibrio institucional que permita a los legisladores ejercer su función fiscalizadora sin interferencias indebidas. La comisión anunció que apelará la decisión y que solicitará acceso a los expedientes judiciales para avanzar en su indagatoria.