Grupos autodenominados del Bloque Negro, vinculados con actividades violentas en manifestaciones, operan desde hace años en diferentes instalaciones universitarias y públicas, con presencia en movilizaciones críticas del país.
Diversos grupos radicales, identificados colectivamente como el Bloque Negro, han participado en protestas y disturbios en la Ciudad de México durante más de una década. Los especialistas en seguridad y análisis internos señalan que estos colectivos tienen vínculos con sectores universitarios y organizaciones anarquistas que mantienen presencia constante en espacios como el auditorio Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este auditorio, conocido coloquialmente como Che Guevara, se ha usado como punto de encuentro y coordinación de acciones ilegales y violentas, en las que participan tanto estudiantes autodenominados como personas contratadas para labores de vigilancia y logística durante las manifestaciones.
Desde 2014, investigaciones de las fuerzas de seguridad señalan la existencia de células activas lideradas por personas con antecedentes penales, responsables de organizar y ejecutar acciones agresivas contra instituciones públicas y privadas, incluyendo pintas y ataques con artefactos explosivos. Estos grupos también han protagonizado incidentes en fechas emblemáticas, como protestas por la conmemoración del 2 de octubre o movilizaciones feministas. La vinculación con figuras políticas de la izquierda, como Martí Batres, ha sido señalada en reportes internos, aunque sin pruebas directas que involucren a funcionarios en actividades ilícitas.
El análisis de diferentes organismos de seguridad indica que estas células continúan operando en distintos espacios académicos y culturales, sumándose a movimientos de protesta radical con tendencia a la violencia. La presencia de estos colectivos en eventos masivos refuerza la percepción de que sectores de la protesta, lejos de ser pacíficos, mantienen un esquema organizado que busca desarticular el orden público mediante acciones violentas y provocadoras.
Este fenómeno requiere una vigilancia constante, en el contexto del incremento reciente de movilizaciones sociales y del riesgo que representan estas agrupaciones para la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional. La identificación de sus miembros y sus nexos con diferentes actores políticos y sociales es clave para entender su impacto y prevenir futuros incidentes.