Infraestructuras construidas con recursos públicos en la Ciudad de México permanecen cerradas y sin mantenimiento, evidenciando problemas en gestión y planificación.
En la Ciudad de México, dos infraestructuras destinadas al uso de bicicletas presentan un estado de abandono y desuso, casi sin presencia de vigilancia ni mantenimiento. El primero, ubicado en la Glorieta de Insurgentes, fue inaugurado en septiembre de 2024 con capacidad para 99 bicicletas. Sin embargo, su apertura ocurrió bajo una premura por terminar antes del cambio de administración, sin instalar sistemas de seguridad como cámaras de vigilancia. Como resultado, el espacio permanece cerrado, cubierto de basura y con evidentes signos de vandalismo, siendo poco conocido por la comunidad ciclista local.
El segundo caso corresponde al biciestacionamiento de la estación Camarones de la Línea 7 del Metro, inaugurado en 2020 con más de 120 espacios y una moderna infraestructura de vigilancia y servicios. Pese a su operación eficiente durante los primeros años, fue cerrado en 2021 por consideraciones administrativas relacionadas con altos costos de operación, a pesar de que inicialmente fue presentado como una solución segura y accesible para los ciclistas de la zona. Desde entonces, el espacio se encuentra en desuso, con vecinos recomendando alternativas informales de resguardo para sus bicicletas y denunciando que la falta de opción formal ha fomentado el deterioro y la pérdida de confianza en las políticas de movilidad sustentable.
Este deterioro en la gestión de espacios de movilidad pública refleja una problemática mayor en la planificación urbana: la inversión en infraestructura no siempre se acompaña de un plan integral de mantenimiento y operación. La falta de continuidad en los proyectos limita su impacto real y desalienta a los usuarios, agravando la percepción de que los recursos públicos no se utilizan de forma eficiente para fomentar políticas ambientales y de movilidad activa. La evidencia de estos casos invita a revisar las prioridades en la inversión urbana y a fortalecer los mecanismos de gestión y supervisión para evitar que infraestructuras valiosas se conviertan en costosos proyectos fallidos.