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Avanzan cambios en la reforma al agua de la Ciudad de México

La reforma al agua en la Ciudad de México busca fortalecer el acceso y regulación del recurso, con cambios que afectan a campesinos y a la gestión estatal.

Por Redacción1 min de lectura
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La propuesta busca fortalecer el derecho al agua y establecer nuevas regulaciones, generando inquietudes entre agricultores y expertos en recursos hídricos. Tras el proceso de revisión y modificaciones, la iniciativa de reforma al marco regulatorio del agua en la Ciudad de México continúa avanzando, con el objetivo de consolidar el acceso al líquido vital como un derecho humano fundamental. La propuesta plantea la creación de un Registro Nacional del Agua y la prohibición de transmitir títulos de concesión entre particulares, medidas que buscan mayor control estatal sobre el uso del recurso y la protección de los derechos colectivos. Entre los principales cambios, se destaca la inclusión de una categoría de "uso agropecuario familiar", destinada a actividades campesinas que sustentan a sus hogares, reconociendo la importancia de estas prácticas para la economía rural de la región. Además, se ampliarán los plazos para solicitar prórrogas en las concesiones de agua a dos años y medio antes de su expiración, buscando mayor claridad y flexibilidad para los usuarios. Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua tendrá la facultad de resolver rápidamente los casos de transmisión de dominio y sucesión en un lapso que no exceda los 20 días hábiles, facilitando procesos y minimizando dificultades administrativas. Sin embargo, la propuesta ha generado resistencia en algunos sectores campesinos, que consideran que la modificación puede limitar su acceso y continuidad en las actividades agrícolas tradicionales. Es importante contextualizar que estas medidas forman parte de un esfuerzo más amplio por garantizar el derecho al agua en un país donde la distribución y gestión del recurso son desafíos permanentes. La regulación busca equilibrar el uso agrícola, urbano e industrial, bajo un marco legal actualizado que priorice la sustentabilidad y el bienestar social.

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