La sustracción ilegal de gas licuado se ha disparado en un año, poniendo en riesgo la seguridad y la economía del país, especialmente en puntos clave de distribución. En el último año, la incidencia del robo de gas licuado de petróleo (LP), conocido comúnmente como “huachigas”, ha experimentado un crecimiento alarmante en México. Este incremento no solo genera pérdidas económicas significativas para la industria energética, sino que también representa graves riesgos para la seguridad pública y la integridad de las comunidades involucradas. Las principales zonas afectadas incluyen estados como Hidalgo, Puebla y el Estado de México, donde las actividades clandestinas a lo largo de los ductos y en puntos de distribución se han multiplicado. La región que abarca el trayecto desde Veracruz hasta la Ciudad de México, pasando por Puebla y Hidalgo, se ha convertido en un corredor crítico para estas operaciones ilícitas, debido a la presencia de infraestructura de gasoductos que son objetivo fácil para los delincuentes. La modalidad más común consiste en cargar gas en pipas o en tambos que son vendidos a industrias y hogares, evadiendo regulaciones y permisos. Además, el encarecimiento y la vulnerabilidad del sistema de distribución refuerzan la tendencia de las mafias a apoderarse del mercado, aprovechando la volatilidad del gas LP y su alta demanda en millones de hogares mexicanos. La problemática se agrava por la dependencia de importaciones, ya que el 70% del gas que consume el país debe ser traído desde el extranjero, incrementando riesgos de explosiones y accidentes que pueden tener impacto catastrófico, como lo evidencian incidentes pasados en la capital. La necesidad de fortalecer la vigilancia y actualizar los protocolos de seguridad se vuelve imperante para garantizar la protección de la población y la estabilidad del sector energético.
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