El gobierno propone ampliar las tasas del IEPS y limitar deducciones fiscales para fomentar hábitos más saludables y aumentar recursos públicos.
En el contexto de fortalecer la recaudación fiscal y promover estilos de vida saludables, las autoridades mexicanas están impulsando cambios en la política tributaria que afectan a sectores productivos relacionados con productos no nutritivos. La iniciativa busca elevar las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas saborizadas, con y sin azúcar, así como en el tabaco. Actualmente en discusión en el Senado, estas modificaciones apuntan a incrementar los ingresos que recibe el Estado, que en 2025 se venían obteniendo con tasas relativamente bajas en comparación con otros países.
Una de las principales estrategias consiste en reducir las ventajas fiscales que dichas empresas tienen a través de deducciones en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR). La tasa efectiva de pago de ISR en estas industrias suele ser significativamente menor al 5%, debido a que pueden deducir conceptos como el pago por derechos de agua, publicidad, y otros gastos operativos, que en realidad generan controversia por su impacto en la justa tributación. Estas deducciones llevan a que las empresas del sector de bebidas y tabaco paguen menos impuestos sobre sus utilidades, facilitando una carga fiscal menor a la que correspondería en un marco de mayor control fiscal.
Expertos señalan que limitar estas deducciones, especialmente las relacionadas con el uso del agua, los servicios públicos y la publicidad, puede elevar sustancialmente la contribución de estos sectores. Además, proponen implementar un ISA adicional, conocido como sobre tasa de ISR, para que las compañías con mayores daños sociales contribuyan de manera proporcional a sus impactos. Estas medidas buscan cerrar brechas y reducir prácticas que aprovechan lagunas legales para pagar menos impuestos, beneficiando así la salud pública y la justicia fiscal.
Desde organizaciones civiles y centros de análisis, se enfatiza que, además de fortalecer el IEPS, la regulación debe centrarse en evitar fraudes fiscales, como la proliferación de empresas factureras que simulan operaciones para deducir gastos falsos. La propuesta para el Paquete Económico 2026 contempla ya sanciones más severas contra estas prácticas, con medidas que incluyen la cancelación de certificados digitales y prisión preventiva para los responsables, en un esfuerzo por garantizar que las empresas paguen su parte justa y contribuya a resultados sociales y económicos más equitativos.