La devaluación llegada al 35% afecta la economía local, incrementa la tensión fiscal y avanza en medio de un contexto de recesión y escaso financiamiento externo.
Desde que Argentina abandonó el régimen de tipo de cambio de banda fija y adoptó un sistema de flotación con bandas, la moneda local se ha depreciado aproximadamente un 35%. Este proceso, que en otro contexto podría disparar alarmas inflacionarias, ha sido amortiguado por un freno profundo en la actividad económica, evidenciado en una recesión persistente que limita el impacto inmediato en los precios. Sin embargo, los efectos económicos comienzan a hacerse notar en áreas clave, como el sector energético, donde las generadoras enfrentan atrasos en sus pagos con la empresa distribuidora Cammesa, presionando las finanzas públicas y elevando el gasto en subsidios. La situación se vuelve aún más compleja por la escasez de financiamiento externo, lo que obliga al Estado a recurrir a mayores esfuerzos fiscales para mantener el equilibrio en medio de un dólar más caro. Los analistas advierten que, en este escenario, la demanda de recursos en pesos aumenta para adquirir la misma cantidad de divisas, profundizando la “asfixia fiscal”. Mientras tanto, la inflación se mantiene contenida en torno a niveles bajos, pero principalmente por la contracción del consumo y la recesión, lo que no es sostenible a largo plazo. La posible reactivación futura podría acelerar el traspaso cambiario, elevando la inflación de forma significativa. La comunidad internacional, encabezada por el FMI, observa con preocupación esta situación delicada, dado que Argentina es su principal deudor, y sus avances se ven obstaculizados por fracasos previos en el manejo de asistencia financiera. El gobierno sigue apostando a mantener estable el tipo de cambio y tasas altas, confiando en el apoyo del FMI para atravesar el próximo período electoral.