La jueza rechazó la solicitud basada en dudas sobre la propiedad de la vivienda y el potencial peligro para testigos, mientras la familia denuncia motivos políticos.
Tras una extensa audiencia que duró más de seis horas, las autoridades judiciales negaron la petición de libertad condicional para la mujer de 83 años acusada de agredir a una familia. La defensa, que presentó cerca de 70 pruebas, alegaba que su estado de salud y edad justificaban el arresto domiciliario, especialmente considerando su enfermedad crónico-degenerativa. Sin embargo, la jueza determinó que no se acreditó la propiedad del domicilio propuesto, ya que la documentación presentada no coincidía con los datos oficiales, y además, argumentó que existen riesgos de fuga pese a informes favorables de los centros de medidas cautelares. La presencia de un arma de fuego en el incidente también agravó la percepción de peligro, al considerarse que la anciana podría vulnerar la seguridad del único testigo del caso. Por su parte, el hijo de la acusada, Arturo Santana, sostuvo que la decisión responde a motivos políticos y que la salud de su madre, quien padece diabetes, ha empeorado en los meses en prisión, duplicando la dosis de insulina que necesita. La resolución se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la justicia y las condiciones de las personas mayores en procesos penales.