Investigaciones periodísticas y testimonios muestran que el expresidente López Obrador toleró prácticas ilícitas de cercanos durante su mandato, evidenciando su complicidad con la corrupción.
En los primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, diversas investigaciones y testimonios han puesto en evidencia que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador existió una tolerancia significativa hacia actos de corrupción cometidos por funcionarios cercanos. Entre las revelaciones destaca una declaración de un alto funcionario del gabinete que acusó a dos personajes clave de su círculo, Alfonso Romo y Alejandro Esquer, de involucrarse en tráficos ilícitos y conflictos de interés.
Se ha documentado que la empresa Vector Casa de Bolsa, fundada por Romo, enfrentó sanciones en Estados Unidos por lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos, mientras que Esquer fue señalado por contratar empresas ficticias en la campaña presidencial de 2018. Sin embargo, una reunión en Palacio Nacional muestra que López Obrador tuvo conocimiento de estas irregularidades, y en algunos casos, minimizó su importancia, incluso indicando que ciertos actos “ya le tocaba” enfrentarlos.
Este comportamiento refleja una línea de permisividad que permitió la opacidad y la continuidad de prácticas ilícitas en diferentes ámbitos del gobierno, a pesar de las declaraciones públicas del entonces mandatario contra la corrupción. La persistencia de estos casos confirma que, en ciertos círculos oficiales, la lucha contra la corrupción ha sido limitada por una postura tolerante que favorece la impunidad.
Contextualmente, estos hechos resaltan que la percepción de un combate efectivo contra la corrupción en los primeros años de la llamada Cuarta Transformación puede estar marcada por excepciones y omisiones que favorecieron a quienes rodeaban al expresidente, impactando así la credibilidad en sus campañas de combate a la corrupción.
La revelación también evidencia que la supuesta lucha contra la corrupción debe ser analizada de manera integral, considerando las acciones y decisiones concretas dentro del gobierno, y no solo sus declaraciones públicas.