La competencia por definir el vínculo de la 4T con el sector empresarial enfrenta movimientos clave en torno a consejos y figuras clave del gobierno y los magnates regionales.
En el ámbito político y empresarial, la confrontación por establecer cuál será el principal vínculo de la administración de la cuarta transformación con el sector privado se intensifica. Recientemente, se han observado movimientos estratégicos encaminados a consolidar la influencia de ciertos actores en la gestión de las relaciones con los inversionistas y cámaras empresariales. Destaca la iniciativa de organizar un nuevo consejo de inversiones, encabezado por el exlíder del Consejo Coordinador Empresarial, con la finalidad de destacar una presencia propia frente al liderazgo de Altagracia Gómez, quien preside el consejo tradicional dedicado a la atracción de inversiones internacionales y la coordinación del T-MEC.
Este escenario refleja una posible lucha por la hegemonía en la interacción con empresarios nacionales e internacionales, donde las diferentes líneas de influencia buscan posicionarse como los principales interlocutores del gobierno federal. La disputa se ve alimentada por alianzas regionales y el interés de diversos actores económicos de facilitar o bloquear los intereses de los magnates, en particular los de Carlos Slim y allegados de Nuevo León, que buscan mantener el control en diferentes espacios de poder empresarial.
En este contexto, los principales actores del gabinete, incluido el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, parecen mostrar preferencias claras: están más cómodos con la postura de Gómez que con la de Cervantes, quien ha mostrado interés en integrar un espacio que podría competir con el Consejo de Gómez. La relación de Cervantes con el sector empresarial, sumada a su paso por el CCE, ha alimentado recelos por parte de los funcionarios, quienes consideran que su objetivo es ingresar al gobierno tras su exposición pública, lo cual genera tensiones internas.
Por otro lado, Amador enfrenta diversos retos internos, entre ellos desacuerdos con el Banco de México y un sector financiero que duda de su gestión y confianza. Su manejo del presupuesto y de diferentes dependencias continúa siendo motivo de disputa en ciertos círculos políticos y económicos, situación que refleja las complejidades y luchas por el control en las instituciones clave del gobierno.
Este escenario refleja una dinámica de poder en constante movimiento, en la que las alianzas y rivalidades en Palacio influyen en la dirección de la política económica y empresarial del país, con implicaciones hacia el fortalecimiento o debilitamiento de ciertos actores en la administración pública.