La expansión del acceso médico en México avanza sin financiamiento ni infraestructura suficiente, poniendo en duda su efectividad y seguridad.
La reciente decisión de ampliar la cobertura de salud en México sin contar con recursos adicionales, reglas de operación claras ni planificación financiera, ha generado preocupaciones entre especialistas del sector. La implementación de esta política, que busca atender a todos los mexicanos, enfrenta limitaciones estructurales que comprometen su éxito y seguridad. La falta de personal capacitado, insumos médicos, tecnología moderna y coordinación entre instituciones públicas obstaculiza la capacidad para ofrecer una atención de calidad y oportuna.
Históricamente, el sistema de salud mexicano ha enfrentado bajo financiamiento público, lo que ha llevado a un incremento en los gastos de bolsillo por parte de las familias, afectando especialmente a las más vulnerables y aumentando las tasas de morbimortalidad. La creciente demanda y la sobrecarga hospitalaria agravarán la situación si las condiciones de infraestructura y recursos no mejoran inmediatamente.
Además, el intercambio de servicios entre instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, propuesto como solución, carece de capacidad instalada suficiente para atender el volumen de pacientes en ambos lados. Casos de cancelaciones de cirugías por falta de materiales y retrasos en consultas evidencian la fragilidad del sistema actual, lo que podría aumentar riesgos para la salud y mortalidad en casos críticos.
Es importante destacar que la inversión en salud en México se mantiene por debajo de los niveles internacionales recomendados. Para el año 2026, los costos oficiales del IMSS para procedimientos y atención hospitalaria varían desde los 1,298 pesos en consulta de medicina familiar hasta los 82,158 pesos diarios en terapia intensiva. Sin embargo, el programa de salud de Bienestar, que cubre a comunidades vulnerables, cuenta con recursos significativamente menores, dificultando la equidad en el acceso. La falta de claridad en mecanismos de pago y financiamiento entre instituciones podría derivar en un uso indiscriminado de las reservas del sistema público, poniendo en duda la sostenibilidad del nuevo modelo.
En un contexto en el que la salud pública ha sido históricamente una de las mayores asignaturas pendientes en México, la puesta en marcha de una universalización sin condiciones estructurales sólidas puede profundizar desigualdades y poner en riesgo la imparcialidad y la calidad del servicio. La evidencia internacional muestra que los sistemas de salud exitosos requieren inversión, planificación y regulación rigurosa para lograr resultados positivos y sostenibles.