La caída en la recaudación y el aumento del gasto no indexado generan tensiones y anticipan un recorte profundo en el gasto público hacia fin de año.
La recaudación estatal experimentó una significativa contracción en los últimos meses, reduciéndose entre un 15% y un 20% en comparación con el mismo período del año anterior. La disminución afecta principalmente las retenciones, que cayeron un 40%, y el Impuesto País, que redujo su movimiento en un 35%, contexto en el que la desaceleración económica reduce la base imponible de IVA y Ganancias. Esta caída lleva a que la pérdida de ingresos equivalga a aproximadamente el 1,5% del Producto Bruto Interno, apenas 0,3% menos que el superávit proyectado para 2024.
Para cumplir con las metas fiscales acordadas con organismos internacionales, como el FMI, el gobierno enfrenta la necesidad de reducir al menos 2 puntos del PBI en gasto primario no indexado, cifra que supera los 10 billones de pesos. Dado que buena parte del gasto público, incluyendo jubilaciones mínimas, deuda y prestaciones sociales, está indexado por ley, la mayor parte del ajuste deberá concentrarse en áreas no indexadas, como salarios, subsidios y obras públicas.
Este proceso ya inició, evidenciado en negociaciones con gobernadores que han visto retrasados pagos comprometidos, y en medidas como el aumento del gasto en subsidios energéticos para contener la devaluación. La devaluación, que desde abril se aproxima al 40%, ya ha impactado en la factura de tarifas, aunque aún se intenta evitar un traslado completo de ese costo a los consumidores. Sin embargo, fuentes expertas advierten que, sin nuevos fondos, pronto se perderá el sostén actual y una devaluación post-electoral será inevitable, con impactos económicos elevados.
Por otro lado, el presupuesto 2026 revela una estrategia donde el gasto no indexado debe reducirse aún más para que las partidas protegidas puedan mantenerse o crecer, generando tensión con las provincias y sectores que dependen de fondos estatales. La tendencia en áreas del Estado también incluye ajustes en empresas públicas y en gastos corrientes, buscando equilibrar las finanzas en un contexto de menores ingresos y mayor incertidumbre. El gobierno evalúa además posibles cambios en la política tributaria, incluidos recortes impositivos, lo cual podría profundizar aún más los recortes en partidas flexibles y programas sociales.
Este escenario anticipa un año complejo, con decisiones clave que impactarán en la economía y en la relación entre Nación y provincias, en un contexto de necesidad de reducir el gasto público sin afectar las políticas sociales más sensibles.