La iniciativa plantea incorporar la reforma a la Constitución, con un enfoque gradual y atención a sectores productivos, en medio de un debate nacional sobre condiciones laborales.
En las últimas semanas, autoridades y representantes del sector empresarial han avanzado en negociaciones para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales. La propuesta, que podría ser anunciada oficialmente en los próximos días, contempla la incorporación de la reforma a la Constitución, buscando asegurar una transición ordenada y respetuosa de las particularidades de cada sector productivo. La medida responde a una demanda social que busca mejorar las condiciones laborales y balancear la vida personal y profesional de los trabajadores.
Además del cambio en la jornada laboral, se contempla incrementar el salario mínimo, con propuestas que aún no definen el porcentaje exacto del aumento. Desde 2019, los incrementos han oscilado entre 12 y 22%, y se anticipa que las reformas se implementen de manera gradual para reducir posibles impactos económicos, especialmente en las empresas familiares que representan una base sustancial del empleo formal en el país.
Para fortalecer la certeza y claridad en la implementación, asociaciones como la Cámara de Comercio han solicitado que se establezcan reglas firmes y un proceso escalonado que permita a las empresas adaptarse sin riesgo para su estabilidad operativa. La introducción de estas reformas representa un paso importante hacia la modernización del marco laboral nacional, en un contexto donde la productividad y el bienestar social se consideran prioridades estratégicas para el desarrollo del país.