Productores y líderes sociales alcanzan un compromiso con el gobierno para regular concesiones y asegurar recursos hídricos para comunidades y agricultores.
Recientemente, representantes de la sociedad civil y legisladores lograron consolidar un acuerdo en torno a la Ley General de Aguas, tras intensas movilizaciones en diversas regiones del país. La protesta, que incluyó bloqueos en carreteras y puentes en varias ciudades fronterizas, fue motivada por temores sobre la distribución y protección del recurso hídrico. Como parte del consenso, se pactaron modificaciones para permitir la herencia y transferencia de concesiones, siempre acompañadas de la propiedad de la tierra donde se localizan, con especial énfasis en el agua potable para uso doméstico en zonas sobreexplotadas. Además, se acordó un seguimiento cercano a las decisiones legislativas, con la posibilidad de reactivar movilizaciones si no se cumplen los compromisos establecidos. La negociación también incluyó temas relacionados con apoyos a productores agrícolas y la seguridad en las carreteras, en un contexto donde el acceso al agua y el respaldo al campo son prioridades nacionales. La relevancia de este acuerdo radica en su potencial para equilibrar la gestión hídrica con las necesidades de las comunidades rurales y garantizar recursos esenciales para la población, en medio de la creciente crisis del agua en varias regiones mexicanas.