Obras de Infraestructura Hídrica Enfrentan Críticas por Falta de Transparencia y Amparos
CIUDAD DE MÉXICO. – El proyecto del Acueducto Solís-León, crucial para el abastecimiento de agua en Guanajuato, genera controversia a pesar de la inversión de 15 mil millones de pesos, pues activistas y especialistas señalan una preocupante falta de transparencia en su desarrollo.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha reconocido la necesidad de socializar el proyecto para combatir la desinformación, aunque en julio pasado preveía el inicio de la construcción para 2025.
El acueducto busca recuperar 120 millones de metros cúbicos de agua de la Presa Solís, para abastecer a León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, mediante una obra de 187 kilómetros, financiada en partes iguales por la Federación y el Estado.
Expertos como Rene Eloy Mendoza Franco, del Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato, critican la falta de un proyecto ejecutivo público, argumentando que este secretismo genera suspicacias y dificulta la rendición de cuentas sobre costos y logística.
Por su parte, Juan Manuel Ayala López, del Observatorio de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López, percibe improvisación en el proyecto, especialmente ante la reserva de información por cinco años, y confirma la presentación de amparos por parte de ejidatarios y la conformación de comités en defensa de la Presa Solís.
En Jalisco, la preocupación también se manifiesta con la falta de información sobre amparos y el temor a que industriales y mineros utilicen agua destinada al consumo humano, como advierte Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Estatal del Agua de Jalisco.
Los activistas lamentan la falta de consulta a las comunidades afectadas y la posible similitud del proyecto con el fallido acueducto El Zapotillo, señalando el interés de grupos empresariales, incluyendo tequileros, inmobiliarias y mineros, en su impulso.
El Gobierno de Guanajuato asegura que el uso del agua es exclusivo para consumo humano y que la operación está condicionada a la tecnificación del Distrito de Riego 011, desmintiendo despojos y garantizando un equilibrio entre campo y ciudad.
No obstante, la obra ha desatado cerca de 5,000 amparos en la Ribera de Chapala, Jalisco, y el Congreso de Guanajuato aprobó recientemente una deuda pública de 8 mil millones de pesos, la mitad destinada al acueducto, en medio de protestas de campesinos.