A pesar de mejoras en vivienda y alimentación, millones de mexicanos siguen sin garantizar derechos sociales esenciales
Durante el último sexenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logró reducir la pobreza y mejorar algunos indicadores sociales, pero no logró garantizar el acceso pleno a derechos sociales fundamentales. En 2018, el 42% de la población no alcanzaba a cubrir su canasta básica y presentaba al menos una carencia social; en 2024, estas cifras bajaron al 30%. Sin embargo, la cantidad de personas que no acceden a al menos uno de los seis derechos sociales evaluados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aumentó de 32.7 a 41.9 millones, lo que representa del 26.4% al 32% de la población.
Claudia Maldonado, coordinadora de la unidad de medición de pobreza y evaluación integral de la política social del INEGI, indicó que estos datos reflejan que, aunque los ingresos familiares mejoraron, eso no se traduce en un acceso efectivo a derechos sociales. “Los mexicanos podemos estar recuperándonos en términos de ingresos, pero eso no se refleja en derechos”, afirmó.
El análisis revela que las deficiencias en acceso a la seguridad social y a servicios de salud continúan siendo los principales problemas. El porcentaje de mexicanos sin seguro social se mantiene en 48.2%, y la carencia de atención médica en instituciones públicas o privadas aumentó de 20.1 millones en 2018 a 44.5 millones en 2024, aunque en 2022 alcanzó un pico de 50.4 millones. La carencia por acceso a servicios de salud sigue siendo uno de los mayores obstáculos en derechos sociales.
Asimismo, el rezago educativo también creció, pasando de 23.5 a 24.2 millones de personas que no concluyeron la escolaridad obligatoria en la edad correspondiente. En cuanto a vivienda y alimentación, hubo avances: la carencia por calidad y espacios en la vivienda bajó de 11% a 7.9%, y la de acceso a servicios básicos (agua potable, electricidad, drenaje) descendió de 19.6% a 14.1%. La carencia por alimentación nutritiva también disminuyó de 22.2% a 14.4%.
El sexenio no logró revertir completamente las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad en derechos sociales, especialmente en salud y seguridad social, que siguen siendo los aspectos más vulnerables.