La muerte de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Veracruz, no puede considerarse como un hecho aislado ni como una simple tragedia atribuible al crimen organizado. Irma fue secuestrada después de negarse a pagar “derecho de piso” al cártel que opera en la región. Bajo amenazas, fue obligada a grabar un video, sirviendo como ejemplo de castigo para quienes se atrevan a no colaborar con la delincuencia. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida.
Para las autoridades, la causa fue un infarto, pero para la sociedad, se trató de un feminicidio y tortura. Para el crimen, fue un mensaje intimidatorio.
La gobernadora Rocío Nahle, en lugar de abordar con seriedad el impacto social de este crimen, optó por refugiarse en un tecnicismo médico al declarar que Irma murió por causas naturales. Aunque las autoridades forenses especificaron que el infarto fue provocado por un “estrés extremo derivado de la violencia”, la narrativa oficial persistió en desligar a los verdaderos responsables: los criminales que la levantaron, la amenazaron y la obligaron a convertirse en portavoz forzada del terror.
La violencia de género no se limita solo a lo sexual o doméstico. También se manifiesta cuando el cuerpo de una mujer es utilizado como botín, escudo o mensaje dentro de una lógica criminal. Se considera violencia de género cuando una mujer pobre, que trabaja en doble jornada para sobrevivir, es dejada a su suerte por un Estado que no le brinda seguridad ni justicia. Es violencia también cuando se le culpa, se le invisibiliza o se le reduce a una estadística más en las cifras oficiales.
Aún más grave resulta la doble moral institucional. Cuando una política de alto perfil es señalada, con pruebas o sin ellas, por presuntos actos de corrupción, el aparato del Estado reacciona rápidamente: se persigue a quienes la critican, se filtran denuncias y se grita misoginia. En contraste, cuando una mujer sin poder, sin fuero ni influencia, es asesinada por enfrentarse al crimen, la respuesta oficial es fría, burocrática y poco contundente. No hay indignación oficial, ni justicia real.
En México, parece que existen mujeres de primera y mujeres de segunda. Las primeras, respaldadas por el discurso del poder, cuentan con el apoyo de instituciones, partidos y leyes. Las segundas, aquellas que viven en colonias marginadas, que manejan taxis o venden en tianguis, son consideradas descartables. No generan marchas oficiales, no reciben respaldo de la clase política y son víctimas funcionales, útiles solo mientras no incomoden.
El caso de Irma representa una herida abierta que duele porque evidencia lo que realmente vale la vida de una mujer común en este país. Porque ni siquiera su historia trágica fue suficiente para indignar al sistema. Porque su muerte fue minimizada, revictimizada y utilizada para lavar la imagen de un gobierno estatal más preocupado por las apariencias que por impartir justicia. Quienes debían protegerla, optaron por cuidar su imagen en lugar de garantizar su seguridad.
La violencia contra las mujeres no puede seguir dividiéndose entre la que resulta útil para agendas políticas y la que no. Mientras no exista la misma urgencia para esclarecer el asesinato de una trabajadora que para proteger el prestigio de una gobernadora, no habrá igualdad, ni democracia, ni justicia. La sangre de Irma exige acciones concretas y profundas revisiones de las prioridades del Estado.
Porque si Irma, con toda su dignidad, esfuerzo y trabajo, no fue merecedora de justicia, entonces ninguna mujer en México está realmente segura. Y eso debería ser motivo de escándalo para todos. No solo por lo que le hicieron, sino por lo que permitimos que pase sin consecuencias. La pregunta ya no es si fue violencia de género, sino si aún conservamos humanidad para reconocerlo.