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Política

Morena prepara cambios en presupuesto 2026 mediante reservas sin aumentar gasto

La bancada de Morena planea reasignar casi 18 mil millones en el presupuesto 2026 mediante reservas, priorizando seguridad y justicia sin incrementar el gasto total.

Por Redacción1 min de lectura
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La bancada morenista planea reasignar casi 18 mil millones de pesos del Presupuesto 2026, priorizando rescates en áreas clave y ajustando recursos en instituciones clave. En el debate en el Congreso sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026, las y los legisladores de Morena trabajan en reservas para redistribuir fondos sin incrementar la cifra total de gasto aprobado. La estrategia busca fortalecer ciertos rubros y reducir recursos en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), en un contexto donde se priorizan temas de seguridad pública y justicia. Dentro de las modificaciones previstas, destacan asignaciones menores a órganos como el Poder Judicial, que en 2026 solicitó una inversión superior a los 15 mil millones de pesos. Aunque se proyectan recortes, las garantías de liquidaciones y beneficios a jueces y funcionarios judiciales permanecen intactas. Además, se contempla reducir aproximadamente mil millones de pesos al INE, aspecto que generará debate entre actores políticos y sociales sobre la independencia de los órganos autónomos. Este proceso de reasignación de recursos refleja el interés del gobierno y su bancada en redireccionar fondos mediante reservas presupuestales, un mecanismo legal que permite ajustes sin modificar la ley de ingresos y gastos. La estrategia busca responder a prioridades nacionales y mantener el control sobre el gasto sin afectar los compromisos ya establecidos, en un escenario donde la asignación de recursos para seguridad y justicia continúa siendo un tema central. Desde un análisis más amplio, estas acciones evidencian la tendencia a ajustar el gasto público de forma discrecional para atender distintas agendas, en un contexto de desafíos económicos y demandas sociales que exigen una distribución eficiente de los recursos del Estado.

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