Uruapan, Michoacán. – Tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, el exalcalde Ignacio Campos ha emitido declaraciones que arrojan luz sobre presuntas tensiones políticas previas. Campos indicó que la principal razón de su distanciamiento con Manzo se debió a una solicitud de carácter administrativo: “La ruptura se dio porque él me estaba solicitando 50 espacios, no de trabajo en la administración municipal, sino como vulgarmente se denominan aviadores, y con salarios arriba de 30 mil pesos”, afirmó.
Esta revelación surge en un momento de alta sensibilidad, dado que el homicidio de Manzo ha intensificado el escrutinio sobre la estructura de seguridad y gobernanza municipal. Después del crimen, Grecia Quiroz García, viuda de Manzo, asumió la alcaldía. Junto a otras figuras como Carlos Bautista, Quiroz García ha mantenido una postura crítica respecto a las prácticas heredadas de la administración anterior, encabezada por Campos, demandando total transparencia en la investigación del atentado.
La declaración del exalcalde, al mencionar la supuesta petición de medio centenar de plazas fantasma con sueldos elevados, no solo explica su stated “ruptura”, sino que también introduce sospechas sobre las dinámicas internas que prevalecían antes del asesinato. Este señalamiento abre un nuevo frente de conflicto en Uruapan, que abarca aspectos tanto políticos como judiciales.
Mientras las autoridades continúan con la investigación del homicidio de Carlos Manzo y exploran posibles vínculos con el crimen organizado, la denuncia pública sobre el presunto intento de imponer “aviadores” con sueldos ostentosos sugiere que las disputas internas por el control de los recursos municipales podrían haber sido un factor significativo en el clima político de la ciudad.