Morelia, Michoacán. – El Congreso de Michoacán aprobó recientemente una iniciativa que prohíbe la deuda a largo plazo para los ayuntamientos, generando un intenso debate sobre sus consecuencias financieras. La decisión se tomó en medio de preocupaciones sobre cómo esta restricción afectará la capacidad de desarrollo local.
El diputado Antonio Carreño Sosa, de Movimiento Ciudadano, expresó su descontento al señalar que la medida podría asfixiar financieramente a los gobiernos municipales. Aseguró que, aunque la intención es positiva, la restricción dañaría la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo proyectos de infraestructura y desarrollo.
El legislador Guillermo Valencia Reyes, del PRI, también puso de relieve la ambigüedad en la redacción del dictamen. Indicó que podría interpretarse de manera que solo favoreciera al primer ayuntamiento electo por un periodo de seis años, lo que dejaría a otros municipios en desventaja y generaría futuras complicaciones legales.
Durante el debate, las tensiones aumentaron, con acusaciones entre los miembros de Morena y Carreño sobre el apoyo a la deuda estatal. Sin embargo, Carreño insistió en que sus objeciones eran sobre la redacción del documento, no sobre la intención de la norma. Otros diputados de diferentes partidos se sumaron al debate, cuestionando la validez del decreto.
Finalmente, se logró una conciliación en el Pleno, donde las representantes Fabiola Alanís y Emma Rivera trabajaron con Valencia para modificar el dictamen. La decisión fue dejar explícitamente fuera de la prohibición a los gobiernos municipales, lo que resultó en la aprobación de la medida con 34 votos a favor.