El acuerdo elaborado en la madrugada para repartir tres puestos en la Auditoría General de la Nación genera tensiones entre el oficialismo y la oposición, y retrasa la aprobación del presupuesto.
En una jornada marcada por tensiones en la Cámara de Diputados, cerca de las 3 de la madrugada se concretó un acuerdo que involucra a Martín Menem y el kirchnerismo en la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN). La negociación surge en un contexto de incertidumbre sobre la aprobación del Capítulo XI del Presupuesto, que contempla recortes en fondos destinados a universidades y programas de discapacidad, lo que lleva a Menem a buscar apoyos en un momento crítico.
Tras intensas gestiones, el legislador riojano logró pactar con Maximiliano Kirchner y Germán Martínez para la designación de tres auditores en la AGN: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Caletti. La jugada, que ya había sido conversaciones previas, sorprendió a la oposición, particularmente al PRO, que considera la maniobra como una acción que rompe con los acuerdos previos y que, además, está siendo impugnada por su posible carácter inconstitucional.
El bloque del PRO, liderado por Cristian Ritondo, expresó su rechazo contundente, argumentando que la designación no estaba incluida en las sesiones extraordinarias autorizadas y que procederán legalmente para impugnarla. Ritondo acusó a La Libertad Avanza y a la conducción de la Cámara por incumplir compromisos y faltar a principios democráticos. La tensión revela las fracturas internas y el impacto de negociaciones de última hora en la gobernabilidad del presupuesto nacional.
Este episodio evidencia la complejidad del panorama político en un momento en que la administración federal enfrenta presiones tanto por la delicada situación fiscal como por las alianzas que buscan mantener el rumbo legislativo. La relevancia de esta disputa trasciende las cámaras, pues refleja las tensiones entre bloques que definen el rumbo del gobierno y la estabilidad institucional.
En un contexto más amplio, estos enfrentamientos muestran cómo las negociaciones parlamentarias en un país con un sistema político fragmentado impactan en decisiones clave, desde partidas presupuestarias hasta la conformación de órganos de control. La forma en que se resuelvan estos desencuentros será determinante para la gobernabilidad y la confianza en las instituciones públicas.