El gobierno de Axel Kicillof expresa preocupación por la negativa de la gestión de Milei a aprobar autorizaciones de endeudamiento clave para la provincia de Buenos Aires.
En el contexto de las negociaciones para la aprobación del presupuesto nacional, la provincia de Buenos Aires enfrenta incertidumbre respecto a la posibilidad de gestionar nuevos financiamientos. La administración de Axel Kicillof ha manifestado su inquietud por la posición del gobierno de Javier Milei, que podría negarse a firmar las autorizaciones necesarias para que las provincias puedan tomar deuda.
Actualmente, las provincias requieren una aprobación técnica por parte del Ejecutivo nacional, que pasa por procesos en el Banco Central y los ministerios de Economía e Interior. Sin embargo, la gestión de Milei ha comenzado a condicionar estos permisos a acuerdos políticos, específicamente vinculados a la aprobación del presupuesto en el Congreso. Esto ha generado preocupación, pues tradicionalmente estos tramites estaban ligados a negociaciones por obras públicas o recursos específicos, y no usados como mecanismos de presión política.
Uno de los puntos de mayor relevancia para la provincia de Buenos Aires es una deuda cercana a 13 billones de pesos, que incluye transferencias discricionarias, fondos para obras públicas y recursos ya comprometidos. La provincia busca además avanzar en temas de infraestructura, como el dragado del Río Salado, una obra importante para garantizar el acceso al centro del país, cuyo proceso se vio detenido en parte tras la llegada de Milei. La continuación de estos trabajos dependerá en gran medida de la disposición del gobierno nacional para la autorización de financiamiento, lo que ahora se presenta como una posible traba política.
Este escenario refleja las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las provincias, ante un panorama económico y político que podría marcar el ritmo de la gestión provincial en los próximos años. La provincia ha solicitado reuniones para negociar estos puntos críticos y buscar garantías que permitan avanzar en sus planes económicos y de infraestructura.