La doble vara en la aplicación de la ley y la impunidad en casos de corrupción en el país
En México, la percepción de justicia en casos de corrupción y delitos graves se ha visto marcada por un doble estándar que favorece a ciertos actores políticos y empresariales. La afirmación “Para juzgar a un hombre, no preguntes en qué se ocupa, sino en qué se desocupa”, atribuida a un autor anónimo, refleja una realidad en la que la justicia no siempre se aplica de manera equitativa. La justicia, en su esencia, debe ser imparcial y aplicar la ley sin distinción de personas o cargos, pero en la práctica, esto dista mucho de ser una realidad en el país.
El expresidente de la República, Cicerón, señalaba que “la muchedumbre es juez despreciable”, recordando que la justicia verdadera no puede basarse en la opinión popular ni en decisiones impulsivas. Sin embargo, en México, las decisiones judiciales a menudo parecen estar condicionadas por intereses políticos y presiones de diferentes grupos de poder. La percepción pública es que la justicia se aplica a conveniencia, favoreciendo a aquellos que tienen protección o influencia en el sistema.
Casos emblemáticos como el de Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, y Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual presidente, evidencian esta problemática. La opinión popular se divide entre quienes consideran a Moreno un “vendepatrias” y quienes creen que, si acaso, su juicio debería ser llevado a cabo por la ciudadanía. La hipocresía radica en que, mientras algunos exigen que “el pueblo” juzgue a Moreno, otros claman por que sea juzgado por la justicia, sin que en realidad exista un interés genuino en que se aplique la ley de manera estricta y uniforme.
Si la justicia en México fuera efectiva y auténtica, Alejandro Moreno no sería exonerado por denunciar la corrupción de Morena en Estados Unidos, ni Andrés Manuel López Beltrán sería visto como un pordiosero en una tienda Prada de Ginza, en Japón, sin que exista una investigación seria sobre sus posibles enriquecimientos inexplicables. La acumulación de bienes, propiedades y dinero que no corresponden a sus ingresos legales, debería ser motivo de investigación y sanción, pero estas acciones se ven obstaculizadas por una impunidad que parece vestir Prada.
La realidad es que la aplicación de la ley en México es selectiva. Los casos contra Moreno en la Fiscalía de Campeche, en 2022, se abren o archivan dependiendo de los intereses del régimen. La figura de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ha sido clave en estos movimientos, pues sus acciones parecen estar motivadas por amenazas de revelar información comprometedora. Por otro lado, la estrategia de Morena y la presidenta, Claudia Sheinbaum, de decir que “que lo juzgue el pueblo” para casos como el de Moreno, refleja un mecanismo de control y distracción que favorece la impunidad.
Este doble rasero también se observa en otros ámbitos políticos. La frase atribuida —aunque nunca confirmada— a Benito Juárez, “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, parece hoy aplicarse en una versión ampliada: a los allegados, ni siquiera la ley. La justicia selectiva y la impunidad se han convertido en la norma, dejando al pueblo en una posición de impotencia y desconfianza en el sistema judicial.
En lugar de que la justicia sea impartida por instituciones independientes, la percepción generalizada es que estas están controladas o influenciadas por intereses políticos. La Fiscalía General de la República, en particular, ha mostrado ser incapaz de procesar casos de corrupción de alto perfil, como el de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de corrupción. La duda es si estas investigaciones se llevan a cabo con verdadera independencia o si, por el contrario, se utilizan como herramienta política.
La celebración del gobierno mexicano cuando Estados Unidos condenó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, evidencia una doble moral. La misma administración que aplaude las sentencias en el extranjero parece tener una actitud permisiva con otros criminales dentro del país, lo que alimenta la percepción de que la justicia en México es solo para algunos.
Por ello, muchos mexicanos prefieren que los casos de corrupción y delincuencia sean juzgados en tribunales internacionales, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). La confianza en que allí se aplican procedimientos rigurosos y justos supera la percepción de impunidad que prevalece en México. La sospecha es que, si la justicia en Estados Unidos se aplicara con la misma dureza a todos, muchos personajes vinculados a la 4T y otros círculos políticos estarían en problemas.
La realidad es que, en el contexto actual, el país enfrenta una crisis de credibilidad en sus instituciones judiciales y en la voluntad política para aplicar justicia en igualdad de condiciones. La impunidad, disfrazada de privilegios y doble normativa, sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un Estado de Derecho sólido y confiable.
Es preferible, por tanto, que sean las instituciones internacionales las que juzguen a los corruptos, sin distinción de colores políticos. La experiencia demuestra que, en México, la justicia todavía está muy lejos de ser un instrumento imparcial y efectivo. La esperanza de que la ley sea igual para todos sigue siendo una aspiración pendiente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.