La falta de fondos bloquea el pago oportuno a jueces y magistrados que salieron tras cambios en la reforma judicial, generando incertidumbre sobre sus liquidaciones.
El proceso de implementación de la reciente reforma judicial enfrenta obstáculos financieros que amenazan con retrasar los pagos a los jueces y magistrados que fueron cesados como resultado de la restructuración. El órgano encargado de administrar esta transición informó que ha solicitado una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, necesaria para cubrir las indemnizaciones, aguinaldos y días de vacaciones pendientes. A pesar de que la normativa establece la obligación de entregar estos pagos, la dependencia gubernamental aún no ha confirmado una fecha concreta para realizar los desembolsos, condicionando el proceso a futuras autorizaciones.
La dificultad en la entrega de recursos ha provocado malestar entre los exfuncionarios judiciales afectados, quienes expresaron preocupación por la falta de un cronograma claro y la incertidumbre sobre cuándo podrán recibir sus compensaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que los recursos están disponibles, pero la realidad muestra que la liquidación depende del cumplimiento de ciertos procedimientos administrativos. La expectativa es que en una reunión de seguimiento en próximas semanas se clarifiquen los avances y la disponibilidad efectiva de fondos, mientras la justicia y los afectados continúan aguardando una solución definitiva.
Este escenario evidencia las complicaciones que pueden surgir al ejecutar cambios estructurales en el sistema judicial, especialmente en lo relacionado con la asignación de recursos económicos y la protección de los derechos laborales de quienes dejan su cargo en procesos de reestructuración.