El colectivo “Décimo Transitorio” reclama al Poder Judicial el cumplimiento de pagos previstos en reformas constitucionales, tras separaciones masivas sin proceso disciplinario.
En medio de una crisis de confianza institucional, un grupo de juzgadores federales conocido como “Décimo Transitorio” ha intensificado su rechazo ante la falta de cumplimiento del pago extraordinario que les corresponde por ley. Estas personas fueron separadas de sus cargos sin evaluaciones, procedimientos disciplinarios o justificación administrativa, situación que, según la Constitución y la ley, los hace acreedores a una compensación equivalente a tres meses de salario más 20 días por cada año de servicio.
Desde su separación, el colectivo ha reclamado la implementación de estos pagos, que forman parte de las obligaciones constitucionales y legales posteriores a la Reforma Judicial de 2024. La organización denunció que recientes comunicados del órgano administrativo judicial hacen referencia a procedimientos de ratificación para 2027, los cuales no están contemplados en la normativa vigente, y solicitan información precisa sobre el proceso, los montos y los criterios utilizados.
A pesar de la emisión de un nuevo aviso que señala la transferencia electrónica de los fondos para el 27 de noviembre, las dudas persisten respecto a la inclusión individualizada de cada juzgador y los detalles fiscales. Además, los juzgadores han reportado restricciones para acceder a oficinas y una respuesta incompleta por parte del órgano, acciones que consideran violatorias de sus derechos constitucionales de petición y manifestación. En caso de incumplimiento, advierten con buscar acciones legales y protestas públicas, resaltando que el pago no es un beneficio discrecional, sino un mandato constitucional para garantizar justicia y certidumbre jurídica.
La situación refleja un contexto de inseguridad y cuestionamiento a una posible violación del Estado de derecho en la gestión judicial.