Activistas y ONU llaman a investigaciones efectivas y a la penalización de discursos de odio tras el asesinato de una defensora trans y el aumento de crímenes contra personas LGBT.
Diversas organizaciones civiles, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han elevado la voz para exigir justicia en relación con los recientes transfeminicidios en Jalisco. La defensora trans Katia Daniela Medina Rafael fue encontrada sin vida el pasado 9 de agosto en Zapotlán el Grande, un hecho que ha generado alarma en la comunidad y ha reactivado la preocupación por la creciente violencia contra personas LGBT en la región.
Desde 2020, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT ha registrado un total de 376 asesinatos en el país, con 22 ocurridos en lo que va de 2025, en promedio casi tres al mes. Además, se han documentado 15 desapariciones relacionadas con esta población, lo que evidencia la alarmante situación de vulnerabilidad y discriminación que enfrenta este grupo. Colectivos como Marcha del Orgullo en Guadalajara y Unión Diversa de Jalisco han exigido a las autoridades una investigación con perspectiva de género y de diversidad sexual para garantizar justicia y fortalecer la seguridad de las personas trans.
El incremento en los discursos de odio y los ataques motivados por la identidad de género o la orientación sexual también ha sido un llamado de atención. Las agrupaciones han solicitado mayores esfuerzos en los niveles estatal y federal para eliminar toda forma de violencia y discriminación hacia las mujeres trans y la comunidad LGBT en general. La demanda incluye la aprobación de leyes que penalicen los discursos de odio, buscando proteger los derechos y la integridad de todos.
Este escenario refleja la urgencia de implementar políticas integrales que combatan la violencia y la discriminación, promoviendo una sociedad más inclusiva y segura para todos los grupos vulnerables.