La llegada de dos nuevas juezas al Poder Judicial en Jalisco, relacionadas con la religión, genera preocupación por posibles riesgos de impunidad ante casos judiciales de alto perfil.
En Jalisco, dos nuevas integrantes del Poder Judicial Federal asumieron cargos en áreas administrativas, con funciones que incluyen resolver recursos relacionados con multas y sanciones impuestas por autoridades públicas. Aunque ninguna ha confirmado públicamente su afiliación, su conexión con La Luz del Mundo, una organización religiosa fundada en 1926 en esa entidad, ha generado inquietudes entre especialistas y activistas. La organización Defensorxs ha señalado que estas juezas podrían representar un riesgo al potencial uso de cargos judiciales para favorecer intereses ligados a dicha iglesia, que actualmente enfrenta severas investigaciones en Estados Unidos por tráfico sexual, crimen organizado y explotación infantil.
Las incorporaciones ocurren en un contexto donde Estados Unidos continúa procesando a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, acusado de múltiples delitos. Además, en dicho proceso judicial en Nueva York, se han incluido a personas cercanas a García, como su madre y otros asociados, algunos de los cuales han sido señalados por su presunta participación en redes de tráfico sexual. La relevancia de estos casos ha puesto en la mira la influencia y las ramificaciones internacionales de la organización religiosa.
Las juezas identificadas como vinculadas a La Luz del Mundo son Madián Sinaí Menchaca y Eluizai Rafael Aguilar. La primera, hija de Nicolás Menchaca, un representante legal cercano a Naasón García, fue elegida como jueza federal en una elección sin competencia y con escasos votos. La segunda, hija de Samuel Rafael Quintana, también ligado a la organización, fue designada en un proceso sin adversarios y con una participación minoritaria en los votos. Ambas, además, están relacionadas con la estructura religiosa y la formación en instituciones patrocinadas por La Luz del Mundo. La presencia de figuras con conexiones religiosas en cargos judiciales en Jalisco genera dudas sobre la independencia y objetividad en decisiones que podrían afectar a la organización y a víctimas potenciales.
Este escenario evidencia la complejidad de la influencia de organizaciones religiosas en instituciones públicas, y subraya la necesidad de vigilancia y transparencia en la designación de funcionarios judiciales que puedan tener vínculos con grupos de alto riesgo. La institucionalidad debe garantizar que los cargos públicos se asignen con criterio de mérito y sin influencia de intereses externos, especialmente en casos que involucran delitos graves y derechos humanos.