La decisión del gobierno responde a limitaciones legales sobre el uso de referendos.
El Gobierno de Jalisco anunció su rechazo a un referéndum propuesto por el Congreso sobre la tarifa del transporte público. Argumenta que la Ley del Sistema de Participación Ciudadana establece que no se pueden someter a referéndum asuntos de carácter contributivo. Las tarifas del transporte son consideradas una contraprestación regulada por el Estado, excluyéndolas de este mecanismo.
Asimismo, el ajuste no proviene de un decreto, sino de un acuerdo administrativo. El Ejecutivo enfatizó que la facultad del Congreso para solicitar referéndums está limitada y debe dirigirse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Mantener el diálogo institucional dentro del marco legal es fundamental para el gobierno.