La dependencia argumenta que ni la sentencia ni la reanudación del procedimiento legal afectan la deuda fiscal, generando controversia sobre cumplimiento.
En un caso que ha generado rechazo y debate, el Gobierno de Jalisco ha anunciado que no cumplirá con una sentencia judicial que ordena atender un amparo ratificado por un tribunal de distrito. La justificación oficial se basa en la anulación de un crédito fiscal por más de 515 millones de pesos, lo cual remite a la imposibilidad de reponer un procedimiento de contratación que, según la autoridad, ya no tiene causa válida. La resolución judicial, emitida por un juez federal, ordenó la reanudación de un proceso legal anterior, incluyendo la cancelación de un contrato por casi 18 millones de pesos con una firma especializada. Sin embargo, el organismo de salud estatal sostiene que la sentencia solo afectó la causa del proceso y no la deuda en sí, que fue reiterada en un nuevo requerimiento fiscal por cerca de 576 millones de pesos. Expertos consideran que esta postura evidencia una tensión entre la legalidad y la gestión administrativa en un contexto de controversias financieras, que involucran a instituciones y empresas que mantienen demandas y recursos legales en curso. La situación refleja el complejo escenario en el que las decisiones judiciales y las acciones fiscales se enfrentan, poniendo en entredicho la eficacia del cumplimiento legal en el sector público.