Atenguillo, Jalisco. – El brutal asesinato de José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona y heredero de la dinastía detrás de marcas populares como Tonayán, ocurrido en diciembre de 2025, ha sumido a la Sierra de Amula en una profunda crisis de seguridad e inestabilidad económica.
El empresario fue privado de su libertad el 27 de diciembre y su cuerpo fue localizado dos días después en el municipio de Atenguillo, Jalisco. Las circunstancias del crimen, especialmente la ausencia de una demanda de rescate, apuntan a un posible “descabezamiento industrial” orquestado por grupos del crimen organizado que operan en la estratégica ruta Guadalajara-Puerto Vallarta.
La ejecución de Corona Radillo no es un hecho aislado dentro de su linaje. Grupo Corona ha perdido a tres líderes generacionales en menos de una década (2017, 2021 y 2025), lo que plantea serias dudas sobre la gobernanza y la estabilidad futura de la compañía, un pilar económico para el municipio de Tonaya y la región de la Sierra Occidental.
El ataque, perpetrado en el “Crucero Volcanes”, un punto neurálgico para el trasiego de mercancías y actividades ilícitas, evidencia el control territorial de organizaciones criminales y la intermitencia del control estatal en carreteras clave de Jalisco. La minuciosidad del secuestro, donde los agresores permitieron la liberación ilesa de la familia de Corona Radillo para llevarse únicamente al empresario, sugiere que el objetivo era personal o corporativo.
La muerte de José Adrián Corona Radillo, quien impulsaba la “democratización del alcohol” con productos de bajo costo como Tonayán y Rancho Escondido, y buscaba diversificar la marca hacia segmentos premium, ha generado un clima de terror y desprotección en Tonaya. La tragedia subraya la creciente diversificación de los ingresos del crimen organizado hacia el sector agroindustrial, conocido como “oro verde”, mediante la extorsión y el robo.
Este magnicidio pone de manifiesto los graves riesgos corporativos y de sucesión para Grupo Corona, así como el impacto potencial en el mercado de licores y la salud pública ante el posible desabasto. El crimen representa una prueba de fuego para las autoridades de Jalisco, quienes enfrentan el desafío de restaurar el estado de derecho en una región donde las élites empresariales son cada vez más vulnerables.