Caracas, Venezuela. – En la madrugada del 2 de febrero de 2015, Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, anunció un enlace en vivo desde un almacén, declarando seguir instrucciones de Nicolás Maduro para combatir una “guerra económica”. El lugar pertenecía a la cadena de supermercados “Día Día”, cuyo nombre reflejaba la realidad de los venezolanos que dependían de sus ingresos diarios.
Para ese entonces, Venezuela ya padecía una profunda crisis económica, agravada por el desplome petrolero y las políticas implementadas por los gobiernos chavistas y maduristas, vigentes por más de dos décadas. A pesar de las promesas de Maduro de mejorar la situación, la realidad de escasez persistía, llevando al régimen a buscar culpables externos en lugar de corregir sus propias políticas.
La cadena “Día Día” fue señalada de orquestar la “guerra económica”. El incidente sorprendió a la empresa, que horas antes había mostrado sus operaciones y cronogramas de distribución a Cabello, quien parecía receptivo y complacido con que la cadena vendiera en zonas chavistas y ofreciera productos estatales.
Sin embargo, al finalizar la visita, Cabello cambió abruptamente de actitud, actuando como si hubiera descubierto una irregularidad. Lo que siguió fue una campaña de desprestigio, la requisa de los almacenes y la detención de un socio y del abogado de la empresa, Tadeo Arrieche. Este último fue recluido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocido por sus prácticas de tortura física y psicológica.
Arrieche, a pesar de las inhumanas condiciones de reclusión, logró salir con vida. Su experiencia se suma a los reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en abril de 2025 cifraba en 903 los presos políticos en Venezuela. Tras las elecciones de 2024, el régimen de Maduro habría detenido a más de 2 mil personas en protestas, sin que se publicaran las actas de los resultados.
La CIDH ha instado al régimen a permitir el acceso de observadores independientes a El Helicoide, donde familiares denuncian la incomunicación y las condiciones deplorables de sus seres queridos. Organizaciones no gubernamentales señalan al régimen por miles de asesinatos y la migración de ocho millones de venezolanos.
En 2023, Maduro celebró al recibir una maqueta de El Helicoide, calificándola de “referencia moral”. Un año después, en las presidenciales de 2024, se reportó el robo de la elección y la pérdida de 25 vidas. Las acciones del régimen son atribuidas a Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, entre otros.
Recientemente, se ha interpretado un cambio con la detención de Maduro por parte de Donald Trump y la intervención de Estados Unidos. La condena de esta acción, que viola la doctrina Monroe, es considerada un interés común. La Casa Blanca no ha mostrado interés en un retorno a la democracia liderado por venezolanos ni en juzgar a figuras como Cabello o Rodríguez.
El análisis de la crisis venezolana, la descomposición social y el daño causado por el régimen, sumado a los errores de la oposición, evidencian la complejidad de la situación. La “solución” planteada por EE.UU., que implica negociar con miembros del régimen mientras se detiene a uno de sus líderes, es cuestionada por ser una patraña que no aborda las raíces del problema ni garantiza justicia para las víctimas de persecución y encarcelamiento.