Un documento confidencial del gobierno estadounidense amplía los poderes del presidente para atacar a organizaciones criminales, elevando el nivel de intervención en el combate al narcotráfico.
Recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos marcan un giro significativo en la lucha contra el narcotráfico internacional. Una opinión legal clasificada emitida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia justifica el uso de fuerza letal contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes. Esta medida otorga al presidente la autoridad para ordenar ataques militares sin necesidad de autorización judicial o declaración formal de guerra, basándose en la percepción de estas organizaciones como amenazas inmediatas para la seguridad nacional.
Este cambio en el marco legal implica que las agencias estadounidenses, como la Fuerza Naval y el Ejército, podrían actuar en contextos donde anteriormente se limitaban a acciones de intercepción y arrestos. La clasificación de cárteles como combatientes ilegales o terroristas permite emplear estrategias militares, incluyendo ataques en territorios ajenos, sin requerir el proceso legal tradicional. Analistas señalan que esta interpretación amplía de manera notable los poderes ejecutivos, pudiendo derivar en una expansión de operaciones militares en regiones vinculadas al narcotráfico, particularmente en áreas del Caribe y en la frontera con México.
Además, en febrero de 2025 Estados Unidos designó públicamente a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, con el objetivo de facilitar sanciones económicas, congelamiento de activos y acciones Coordinadas internacionales. Estos movimientos reflejan una tendencia de intensificación en la política anti-narcóticos, con énfasis en el uso de estrategias militares y legales más agresivas frente a grupos criminales transnacionales, lo cual genera controversia sobre la soberanía y riesgos de escalamiento en la región.