El ente fiscal detectó que Cecaitra, una asociación civil sin fines de lucro, opera como concesionaria de multas en varios municipios sin licitación y con irregularidades jurídicas.
El Tribunal de Cuentas de Buenos Aires emitió un fallo en el que responsabiliza directamente al intendente de Tigre, Julio Zamora, por otorgar de manera irregular el servicio de fotomultas a la Cámara de Empresas de Control y Administracion de Infracciones de Transito de la Republica Argentina (Cecaitra). Aunque la organización se presenta como una asociación civil sin fines de lucro, en la práctica ha desarrollado funciones propias de una concesionaria de multas, operando radares, procesando infracciones y cobrando recaudaciones sin contar con la capacidad jurídica para hacerlo.
Este organismo fiscalizador informó que Cecaitra ha sido beneficiaria en múltiples municipios de acuerdos directos, sin procesos licitatorios previos, lo que contraviene las normativas vigentes. La condena incluye a otros funcionarios municipales, como la contadora Roxana Di Cola y el secretario de Economía y Hacienda, Guillermo Gómez, quienes deberán responder con su patrimonio ante posibles sanciones.
El fallo también revela que la estructura controlada por Bernardino y Mariano García, presidentes de Cecaitra, se ha expandido en el territorio bonaerense desde la gestión de Daniel Scioli, sumando convenios con municipios en estado de suspensión o en proceso de investigación por irregularidades. El sistema consistía en un acuerdo en el que los municipios entregaban a Cecaitra la instalación y gestión de radares a cambio de un porcentaje de la recaudación, aunque su tecnología y procedimientos han sido cuestionados por expertos y fiscalizadores.
Este episodio se enmarca en una serie de investigaciones que involucran posibles circuitos de coimas y la utilización de tribunales de faltas para borrar infracciones, en medio de una creciente preocupación por la transparencia y legalidad en la gestión de las multas de tránsito en la región. La suspensión del contrato en Tigre y la posterior convocatoria a licitación reflejan un intento de rectificación ante el escándalo y las irregularidades detectadas.