El uso de drones de Estados Unidos en operaciones en el Estado de México evidencia una colaboración que genera controversia y cuestionamientos legales.
La creciente incorporación de tecnología militar estadounidense en operaciones contra grupos del crimen organizado en México ha marcado un cambio en las estrategias de seguridad. La vigilancia aérea con drones de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en el Estado de México ha despertado inquietudes sobre la colaboración internacional y sus implicaciones legales. Aunque las autoridades mexicanas aseguran que estos vuelos son en apoyo a investigaciones nacionales, expertos en seguridad advierten sobre una posible escalada en la utilización de recursos extranjeros para el combate de cárteles como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La historia muestra que la captura de líderes eventualmente genera reemplazos, reforzando la importancia de desmantelar estructuras organizativas completas en lugar de enfocarse solo en individuos. Además, la entrega de capos a Estados Unidos bajo acusaciones y sentencias prematuras plantea dudas sobre el respeto al marco legal mexicano y sus efectos en la soberanía nacional. La colaboración internacional, aunque puede aumentar la eficiencia en la lucha contra el crimen, también abre debate sobre los límites y consecuencias de la intervención extranjera en la seguridad mexicana.