La presión de Paolo Rocca al gobierno argentino por favorecer contrataciones de su grupo revela conflictos en la industria energética y posibles conductas de lobby.
Un conflicto por control y protección del mercado de los gasoductos en Argentina se ha intensificado en los últimos meses, evidenciando tensiones en la industria energética y efectos del lobbying corporativo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint, advirtió la posibilidad de cerrar la planta de Tenaris en Valentín Alsina si las empresas vinculadas a Vaca Muerta deciden importar caños de China, India o de otros países con precios más competitivos. La amenaza, filtrada en un contexto de confidencialidad, generó rechazo dentro del gobierno nacional.
El foco de la disputa es la licitación en curso para la adquisición de tubos sin costura destinados a un gasoducto de 400 kilómetros, promovido por Southern Energy, una sociedad con participación de las principales petroleras del país, que busca exportar gas natural licuado desde Vaca Muerta. La propuesta de Rocca implica presionar mediante la amenaza de conflictos laborales para obtener condiciones favorables y limitar la competencia extranjera.
Este proyecto comprende dos etapas: la primera conecta el gas de un barco con el gasoducto de San Martín en 27 kilómetros y la segunda, en 2028, contempla un ducto dedicado de 480 kilómetros que enlazará Vaca Muerta con el Puerto de San Antonio Oeste. Mientras tanto, ya ingresaron caños chinos para conectar una sección en Río Negro, evidenciando una tendencia a la incorporación de materiales importados en obras clave.
Desde hace años, Techint ha consolidado una posición dominante en el mercado, en parte gracias a costosas licitaciones y relaciones con actores políticos y económicos. La firma ha sido acusada de influir en licitaciones públicas estratégicas, como en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, donde los sobrecostos significaron beneficios sustanciales para el grupo. La planta de Valentín Alsina, instalada inicialmente para obras públicas, ahora produce principalmente componentes para el sector privado, con costos 40% superiores a los de la competencia extranjera. La estrategia de precios y lobbying de Rocca ha sido objeto de críticas por su impacto en la competencia y en la economía nacional.
Este escenario refleja una tendencia de grandes corporativos a buscar controlar la cadena de producción en sectores clave con el respaldo de influencias políticas, lo cual genera dudas sobre la transparencia y la equidad en las licitaciones públicas y privadas. La situación plantea un debate sobre la verdadera política industrial y la protección de la soberanía energética en Argentina, donde intereses corporativos parecen jugar un papel determinante.
El contexto de estos conflictos cobra relevancia en un momento de cambios políticos y económicos en el país, destacando la necesidad de reformas que promuevan la competencia efectiva y eviten prácticas de lobby que puedan distorsionar la toma de decisiones públicas en beneficio de intereses particulares.