La presidenta de México señala que el abordaje del consumo de drogas requiere atención a las causas sociales y de salud, ante la clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva por Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que el enfoque para enfrentar el problema del fentanilo debe centrarse en atender las raíces sociales y de salud que alimentan su consumo. Aunque el gobierno mexicano analiza la reciente declaración del gobierno de Donald Trump, que calificó al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la mandataria defendió una estrategia distinta, priorizando las causas sociales, como la salud mental, el entorno familiar, los valores y la educación.
Sheinbaum subrayó que, si bien la justicia y la persecución del delito son importantes, no son suficientes para resolver la problemática. La experta también resaltó que el fentanilo tiene un uso legal en áreas médicas, como anestesia, lo que hace imprescindible distinguir entre su consumo legal y el ilegal.
En el contexto internacional, Estados Unidos reforzó sus acciones contra los opioides sintéticos mediante una orden ejecutiva firmada por Trump, que aumenta las capacidades del gobierno estadounidense en la lucha contra esta sustancia que provoca miles de muertes anualmente. Esta postura ha generado debates sobre la efectividad de las políticas criminalizadoras frente a la necesidad de abordajes integrales que contemplen los factores sociales.
El problema del fentanilo, además, está estrechamente ligado a desafíos regionales en la vigilancia de la exportación de precursores químicos, especialmente tras la implementación en China de licencias para exportar insumos a países del hemisferio occidental, incluido México. La coordinación internacional y las políticas públicas enfocadas en la prevención social representan una vía clave para reducir la demanda y el impacto del opioide.
Este escenario evidencia que, aunque los gobiernos toman medidas distintas, la crisis del fentanilo requiere un esfuerzo conjunto y multidimensional que priorice tanto la persecución del delito como la atención a las causas sociales y de salud.