Tribunales estadounidenses condenan a individuos vinculados al tráfico ilegal de armamento militar hacia el Cártel de Jalisco Nueva Generación
Un tribunal federal en Estados Unidos dictó sentencia a seis hombres originarios de DeLand, Florida, por su participación en una operación de tráfico de armas de fuego de nivel militar destinadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en México. La investigación reveló que el grupo adquiría estas armas en Florida mediante “compras de paja” y posteriormente las enviaba de manera ilegal hacia México, contribuyendo así a la violencia y la criminalidad en la región.
Los acusados recibieron las siguientes condenas: Ángel Velázquez Delgado, de 34 años, fue condenado a nueve años de prisión por tráfico de armas y compras de paja. Jesús Hernández, de 32 años, fue sentenciado a tres años y diez meses por su participación en compras fraudulentas. Edgar Jiménez, de 30 años, recibió una sentencia de tres años por el mismo delito. Jesús Paulino, de 27 años, fue condenado a dos años por compras de paja.
Jonathan Borja, de 23 años, recibió una pena de un año y seis meses por el mismo motivo. Finalmente, Jesús Andrés, de 28 años, fue sentenciado a un año y seis meses por haber realizado una declaración falsa en un registro de transacción de armas de fuego.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida resaltó que estos procedimientos representan un golpe significativo contra el flujo de armamento ilícito hacia las organizaciones criminales transnacionales. La acción evidencia los esfuerzos continuos de las agencias de ley en Estados Unidos para desmantelar redes de tráfico que abastecen a los cárteles mexicanos y fortalecer la seguridad regional.
El agente especial a cargo de la División de Campo de Tampa, Kirk Howard, afirmó que “desmantelar esta red de tráfico de armas de fuego con sede en Florida Central es un gran logro para la seguridad pública en México y Estados Unidos”. Además, subrayó que el CJNG, organización criminal transnacional conocida por su brutalidad y designada como organización terrorista extranjera, cuenta ahora con menos recursos para sus actividades violentas gracias a estas operaciones conjuntas.
El Departamento de Justicia explicó que este caso fue investigado por varias agencias, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, así como por las fuerzas policiales de Volusia y el Departamento de Policía de DeLand. Los procesos judiciales fueron llevados por los fiscales federales Rachel Lyons y Noah Dorman.
Este caso forma parte del Proyecto Barrios Seguros (PSN), un programa que busca reducir la violencia y el delito con armas de fuego mediante la colaboración de todas las instancias de las fuerzas del orden y las comunidades. Desde su lanzamiento en 2021, el PSN ha promovido estrategias para fortalecer la confianza en las comunidades y apoyar a organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia.
El 31 de julio de 2025, el Departamento de Justicia informó sobre la detección de tráfico de armas de uso militar hacia el CJNG, organización que ha sido designada como terrorista. La autoridad estadounidense acusó en particular a Peter Dimitrov Mirchev, ciudadano búlgaro, por participar desde 2022 en el suministro ilegal de armamento junto con otros tres individuos: Elisha Odhiambo Asumo, de Kenia; Michael Katungi Mpeirwe, de Uganda, y Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania.
La red operativa delictiva, detalló la Fiscalía, consistía en que Dimitrov se reunía con personas que afirmaban ser del CJNG para coordinar y organizar transacciones ilegales de armas de uso militar. Estas actividades contribuían a fortalecer la capacidad del cártel mexicano para sostener una ola de violencia en distintas regiones, tanto en México como en Estados Unidos.
Este avance judicial refleja la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y el fortalecimiento de las capacidades de las agencias de seguridad para desmantelar redes que alimentan la violencia transnacional. La operación en Florida y sus resultados representan un esfuerzo conjunto para reducir el flujo de armamento ilícito hacia organizaciones criminales en México, en un contexto de incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.