El bloque peronista intenta garantizar la operación estatal de Atucha I, Atucha II y Embalse ante propuestas de Milei y movimientos de privatización.
En el Congreso argentino, un grupo de legisladores peronistas trabaja intensamente para evitar la privatización de las principales centrales nucleares del país, que operan en Atucha I, Atucha II y Embalse. La iniciativa surge en un contexto donde el gobierno de Javier Milei impulsa una apertura al capital privado en Nucleoeléctrica, la empresa estatal responsable de dichas instalaciones, en línea con una estrategia de gestión que busca facilitar inversiones extranjeras.
La preocupación por la posible privatización se incrementa ante anuncios de inversiones significativas para proyectos tecnológicos, como Stargate, un centro de datos en la Patagonia planificado por la empresa OpenIA, que requiere un alto consumo de energía y agua. El interés de esta compañía de inteligencia artificial generó inquietud en sectores que temen que la explotación de recursos y la seguridad energética del país puedan ser afectados.
El bloque liderado por José Mayans busca obtener una mayoría de dos tercios en el Senado para blindar las centrales nucleares. La intención es aprobar una declaración de “inembargabilidad” de estas instalaciones, dificultando cualquier intento de enajenación o privatización. La semana próxima será crucial, ya que se estima que será la última oportunidad para sesionar antes de las elecciones del 26 de octubre, en un contexto donde la participación en el recinto será limitada.
Mientras tanto, las negociaciones y movimientos políticos continúan; algunos actores del oficialismo y oposición exploran distintas estrategias para modificar leyes o retrasar los debates, con el fin de mantener el control sobre la gestión de las centrales. La situación refleja un escenario de tensión sobre el control del sector energético y las futuras políticas de soberanía energética en Argentina.
Desde el entorno del oficialismo y algunos sectores opositores, se observa una fuerte resistencia a ceder ante presiones que puedan favorecer procesos de privatización o externalización de la infraestructura nuclear, considerada de interés estratégico para el país y su seguridad energética.