La Asamblea Legislativa amplía por 30 días más las medidas de control contra pandillas, manteniendo restricciones que afectan derechos constitucionales, en medio de debate sobre seguridad y garantías.
El Salvador continúa bajo un régimen de excepción que restringe garantías constitucionales, con una nueva extensión aprobada por la Asamblea Legislativa para incrementarse hasta diciembre. La medida, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, busca fortalecer las acciones contra las pandillas, conocidas como “maras”, tras un episodio violento que dejó más de 80 homicidios en un fin de semana en marzo de 2022. Desde entonces, el gobierno ha argumentado la necesidad de estas medidas para mantener la seguridad, aunque organizaciones internacionales alertan sobre violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias que han caracterizado su aplicación.
Históricamente, el régimen de excepción se instauró tras esa escalada de violencia y ha sido ratificado varias veces, reflejando un cambio en la estrategia de seguridad del país. Si bien las autoridades señalan mejoras en los índices de homicidios y control territorial, críticos y ONG advierten que las restricciones afectan derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Reportes recientes detallan condiciones de detención precarias y denuncias de torturas, además del uso del régimen para silenciar voces disidentes en medios y organizaciones sociales.
A lo largo de estos años, el régimen ha dejado de ser una medida temporal para consolidarse como una herramienta política de control social y gubernamental. La prolongación de estas acciones genera preocupaciones sobre la erosión del Estado de derecho y el debilitamiento de la independencia judicial, mientras la opinión pública, sin embargo, mantiene un alto respaldo debido a la percepción de una mejora en la seguridad ciudadana. Expertos advierten que es imprescindible replantear el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, y que el país debe buscar alternativas sostenibles que respeten las garantías constitucionales.