El oficialismo analiza la viabilidad de una segunda vuelta electoral tras la nueva Constitución, mientras el peronismo advierte que la normativa provincial lo prohíbe.
En la provincia de Santa Fe, la reciente aprobación de una nueva Constitución ha generado debates sobre posibles cambios en el sistema electoral, particularmente en torno a la incorporación de una segunda vuelta electoral. Aunque el gobierno provincial evalúa diversas reformas para modernizar el sistema político, algunos sectores políticos advierten que la normativa constitucional vigente podría limitar estas modificaciones. La Constitución Provincial, en su artículo 105, establece que la elección del gobernador y el vicegobernador se realiza mediante una simple pluralidad de votos, lo que implica que gana quien obtiene la mayor cantidad, sin necesidad de una mayoría absoluta o una segunda vuelta.
Expertos constitucionalistas han precisado que tanto la versión vigente como la anterior del texto constitucional mantienen esta redacción, que ha sido reiteradamente interpretada como una prohibición de la figura de ballotage en la provincia. La incorporación de un sistema que requiera una mayoría absoluta o una segunda vuelta implicaría una modificación constitucional, un proceso que requiere consensos políticos amplios, actualmente en reserva en Santa Fe. La discusión refleja las tensiones multidimensionales dentro del ámbito político, especialmente tras los resultados nacionales que relegaron a las listas oficialistas a un tercer lugar en la elección provincial, generando incertidumbre sobre futuros cambios electorales.
Desde distintos sectores del oficialismo, se analiza además la opción de implementar un sistema de ley de lemas, una tradición electoral en Santa Fe que favoreció históricamente al peronismo, hasta su modificación en 2007. Sin embargo, algunos dirigentes consideran que esa modalidad podría ser manipulada con fines políticos, y por tanto, no representa una solución viable. En medio de estos debates, todavía no hay decisiones firmes, y la discusión sobre la futura reforma electoral sigue en curso, con una fuerte tensión entre el deseo de modernización y las restricciones legales existentes.