La política exterior del actual gobierno mexicano ha generado serias cuestionamientos debido a su apoyo y acercamiento a regímenes considerados autoritarios y peligrosos para la democracia. A pesar de los discursos en defensa de la soberanía y la no intervención, las acciones muestran una tendencia a aliarse con gobiernos como Cuba, Venezuela y Nicaragua, en contraste con una postura crítica hacia países democráticos. Este alineamiento no solo afecta la reputación internacional de México, sino que también pone en riesgo su independencia y capacidad para preservar sus intereses nacionales.
En ese contexto, la cercanía con estos regímenes ha sido acompañada por un aumento notable en la influencia del crimen organizado dentro del país. Diversas evidencias indican que la delincuencia ha penetrado en espacios políticos, controla comunidades, municipios y hasta estados enteros, generando violencia, impunidad y debilitando el estado de derecho. La retirada de visas a políticos morenistas y la influencia del Narco en campañas electorales reflejan un escenario donde la ley y las instituciones tradicionales han sido desplazadas por la corrupción y la intimidación.
Este panorama revela una contradicción en la política exterior, que debería orientarse a proteger los intereses del país. Al vincularse con dictaduras y organizaciones criminales, el gobierno pone en riesgo la estabilidad, la seguridad y el desarrollo de México, afectando directamente su soberanía y su futuro como nación democrática. La comunidad internacional observa con preocupación cómo estas alianzas dejan a la nación en una posición vulnerable, repleta de desafíos que requieren una respuesta firme y congruente con los valores democráticos.