El presidente colombiano abandona su estrategia de diálogo ante violentos atentados que afectan la estabilidad del país y aumenta la clasificación de grupos armados como organizaciones terroristas.
Colombia enfrenta una escalada de violencia que ha sacudido su tranquilidad en los últimos días, tras dos ataques simultáneos que reforzaron las preocupaciones sobre la seguridad y la paz en el país. En Cali, un ataque de disidentes de las antiguas guerrillas de las FARC dejó varias víctimas, con tres transeúntes asesinados y setenta heridos. Paralelamente, en Antioquia, un dron explosivo impactó un helicóptero antinarcóticos, resultando en la muerte de 13 policías y poniendo en evidencia la actividad violenta de estos grupos armados.
Frente a esta situación, el jefe de Estado decidió abandonar la política de Paz Total implementada en su mandato. Anunció que las facciones armadas, incluyendo a las disidencias de Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, serán clasificadas como organizaciones terroristas a nivel internacional, lo que permitirá su persecución y desmantelamiento en todos los ámbitos. Además, responsabilizó directamente al líder de las disidencias, Iván Mordisco, acusándolo de narcotraficante que se disfraza de revolucionario.
Este giro en la estrategia gubernamental responde a un incremento en los niveles de violencia y a la percepción pública, donde cerca del 70% de la población rechaza las acciones del gobierno, y la inseguridad se mantiene en niveles altos. La organización de disidencias, nacida tras los acuerdos de paz de 2016, actúa con cierta autonomía y ha ido evolucionando en su estructura, consolidándose como una de las principales amenazas para la estabilidad del país. La decisión de Petro marca un cambio significativo en la política de diálogo en un escenario donde numerosos sectores consideran que la paz en Colombia es aún un objetivo lejano.
El contexto internacional y regional también refuerza la percepción de que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en Colombia requiere un enfoque más duro y coordinado, en medio de una creciente preocupación por la seguridad y la integridad del Estado. La situación actual marca un punto de inflexión que podría afectar la gestión presidencial y las futuras políticas de seguridad en el país.