Lima, Perú. – La vigilancia en la Embajada de México en el distrito de San Isidro, Lima, ha sido intensificada, llegando a triplicarse, según declaraciones del comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola. Esta medida se toma ante el riesgo de que se intente aprovechar las celebraciones navideñas para una fuga, reforzándose el operativo policial desde la madrugada del 25 de diciembre con un despliegue constante de agentes.
La intensificación de la seguridad coincide con la permanencia de Betssy Chávez en la embajada, quien fue asilada diplomáticamente por el Gobierno mexicano tras ser sentenciada a 11 años de prisión por conspiración para rebelión junto al ex Presidente Castillo. El Estado peruano aún no ha otorgado el salvoconducto necesario para que Chávez pueda salir del país sin ser detenida.
Recientemente, Chávez renunció a su afiliación al partido Todo con el Pueblo, relacionado con Castillo, argumentando razones personales y una lectura política responsable. Su madre, Herminia Chino, ha sido inscrita como candidata al Senado por el partido Podemos Perú, en un contexto de alianzas entre excolaboradores de Castillo y facciones de izquierda.
El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, difundió la carta de dimisión y afirmó que la ex ministra se mantendrá firme en su lucha por la recuperación del país. La madre de Chávez buscará representación en el Senado, enmarcando su campaña en las alianzas políticas de la izquierda peruana.
La situación de Chávez ha generado tensiones diplomáticas entre Perú y México desde noviembre, cuando se concedió el asilo. Lima llegó a romper relaciones diplomáticas con México en respuesta a esta decisión, marcando una crisis diplomática significativa entre ambas naciones.
Las autoridades peruanas han reiterado su respeto por la inmunidad diplomática de la embajada mexicana y han descartado acciones coercitivas para detener a Chávez dentro del recinto, negando la posibilidad de un incidente similar al ocurrido en la Embajada de México en Ecuador en 2024. No obstante, el caso continúa siendo un punto de fricción política tanto a nivel interno como en las relaciones bilaterales.