El gobierno peruano analiza la viabilidad legal del asilo solicitado por la ex jefe de gabinete, en medio de tensiones diplomáticas con México por su protección.
El gobierno de Perú se encuentra en una fase de revisión profunda para determinar si concede un salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente recibe protección en la embajada de México en Lima. La decisión obedece a una evaluación de la Convención de Caracas de 1954, que regula las condiciones del asilo político en la región. Las autoridades peruanas han solicitado un análisis jurídico exhaustivo, considerando que la convención distingue claramente entre delitos políticos y comunes, y que cualquier resolución debe basarse en un estudio completo de sus artículos. Este proceso surge en el contexto de la tensión diplomática generada por la protección que México otorgó a Chávez, víctima de un proceso judicial en su país por su participación en el intento de golpe de Estado en 2022. La situación refleja la complejidad de equilibrar la soberanía nacional con los compromisos internacionales y la protección de derechos fundamentales. Analistas señalan que esta decisión puede marcar un punto de inflexión en la relación bilateral y en el manejo de casos similares en la región, donde la política y el derecho convergen en escenarios de alta tensión.