El presidente interino de Perú advierte que, si es necesario, ingresarán a la embajada de México para detener a la ex primera ministra procesada por intento de golpe de Estado.
El gobierno interino de Perú ha dejado abierta la posibilidad de actuar de manera decisiva frente a la situación de Betssy Chávez, quien desde hace casi tres semanas se encuentra asilada en la embajada de México en Lima. La ex primera ministra, vinculada a un fallido intento de derrocamiento del expresidente Pedro Castillo, ha sido objeto de una orden de captura internacional y prisión preventiva, debido a los riesgos de fuga que enfrenta y su inasistencia a las audiencias judiciales.
En declaraciones recientes, el presidente interino José Jerí enfatizó que, si la situación lo requiere, las fuerzas peruanas no dudarán en ingresar a la embajada mexicana para cumplir con la orden judicial, asegurando que su país actuará conforme a sus compromisos internacionales y sin temor a represalias diplomáticas. Esta postura refleja la gravedad con la que Perú maneja el caso, considerando las implicaciones legales y diplomáticas en juego. Además, la circunstancia ha suscitado debates sobre el equilibrio entre soberanía, protección de derechos y el cumplimiento de la justicia en contextos de asilo político.
Es importante entender que esta situación se ubica en un contexto de tensión política en Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y las protestas relacionadas. La decisión de reforzar las acciones legales contra Chávez revela la voluntad del gobierno peruano de mantener el orden y asegurar que se hagan cumplir las órdenes judiciales, independientemente de las circunstancias diplomáticas. La movilización de las fuerzas policiales y militares en protección de la soberanía será determinante en los próximos días, ante la incertidumbre sobre cómo se procederá finalmente.