La criminalización de la crítica política y su impacto en la libertad de expresión
Un comentario crítico en redes sociales puede ahora tener consecuencias significativas. Karla Estrella, por ejemplo, enfrentó un año y medio en el Registro de Personas Sancionadas, además de una multa, la obligación de realizar un curso y un mes de disculpas públicas. La razón de su sanción fue cuestionar la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras, esposa del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
El tribunal dictaminó que minimizar la trayectoria de Barreras debido a su relación con su esposo constituía un acto discriminatorio. Como resultado, Karla tuvo que solicitar perdón públicamente durante 30 días y estudiar bibliografía relacionada con el lenguaje incluyente. No fue la única en enfrentarse a una situación similar. La actriz Laisha Wilkins fue procesada por un comentario irónico, “jaja Dora la censuradora”, y el periodista Héctor de Mauleón fue obligado a retirar columnas en las que criticaba a una candidata a magistrada.
El patrón en estos casos es evidente: se trata de una herramienta jurídica que, en apariencia legítima, se está utilizando como un escudo político. Artículo 19, organización dedicada a defender la libertad de expresión, alertó que en 2024, el 28.5% de los procesos abiertos contra periodistas tuvieron como pretexto la violencia política de género. Sin embargo, estos no eran casos de ataques misóginos, sino estrategias legales para silenciar voces incómodas. La organización advirtió que esto representa un “abuso y mala utilización de figuras legítimas, resultado de luchas históricas de las mujeres, que hoy se instrumentalizan como una forma de censura”.
La postura de Artículo 19 resulta fundamental, ya que obliga a distinguir entre dos debates que algunos buscan confundir intencionadamente: proteger a las mujeres en política frente a agresiones reales y, por otro lado, proteger trayectorias políticas de cualquier crítica. La primera causa es legítima y urgente, mientras que la segunda representa un abuso que socava la credibilidad del marco legal y desacredita los avances feministas que permitieron su existencia.
No es casualidad que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya expresado su postura al señalar que “el poder es humildad, no es soberbia… no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”. Esta declaración reconoce lo fundamental: la libertad de expresión no puede considerarse un acto de violencia solo por incomodar a alguien o por expresar una opinión crítica.
Este contexto revela cómo, en ocasiones, se aprovechan las leyes para restringir la libertad de expresión bajo el pretexto de protección a las mujeres en la política. La línea entre defender derechos y limitar voces críticas se vuelve difusa cuando los mecanismos jurídicos se usan como herramientas de censura. La discusión continúa, pero lo que está claro es que la denuncia de estos abusos busca preservar los principios democráticos y la libertad de opinión.
La confrontación entre la protección de la integridad de las mujeres en el espacio público y la libertad de expresión sigue siendo un tema central en el debate político y social. La utilización de figuras jurídicas para amedrentar o sancionar a quienes cuestionan a figuras públicas evidencia la necesidad de revisar y fortalecer los límites y usos adecuados del marco legal. La comunidad internacional y organizaciones como Artículo 19 llaman a un uso responsable de estas herramientas, para evitar que se conviertan en mecanismos de censura disfrazados de protección.
En este escenario, la discusión sobre la perspectiva de género y el uso del marco jurídico refleja un dilema que no solo afecta a los actores políticos, sino también a la sociedad en general. La libertad de expresión y el respeto por los derechos de las mujeres deben coexistir, no ser contrapuestos. La clave está en distinguir cuándo las acciones legales buscan realmente proteger derechos o cuando se utilizan para limitar el debate público y la crítica legítima.
La experiencia reciente evidencia que el equilibrio entre estos derechos aún es un reto por superar. La resistencia a aceptar la crítica y la tendencia a interpretar cualquier cuestionamiento como un acto de violencia política de género muestran que la lucha por una democracia más plena y respetuosa continúa vigente. Es fundamental que las instituciones, los actores políticos y la sociedad en general defiendan un marco jurídico que no sirva para censurar, sino para garantizar el respeto y la pluralidad en el ejercicio político y social.