Jerusalén, Internacional. – El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, calificó de indignante la nueva legislación aprobada por el Parlamento israelí que restringe las operaciones del organismo. Lazzarini considera que la ley vulnera el mandato otorgado por la ONU y contradice pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La legislación, aprobada en segunda y tercera lectura por la Knéset con 59 votos a favor y 7 en contra, restringe el suministro de agua, electricidad, combustible y comunicaciones a la UNRWA. Además, otorga al gobierno de Israel la autoridad para expropiar propiedades de la ONU en Jerusalén Este, incluyendo la sede de la agencia y su principal centro de formación profesional.
Philippe Lazzarini advirtió que la medida excluye explícitamente a la UNRWA de la normativa israelí que incorpora las obligaciones del país bajo la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, lo que constituye una clara violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional.
Durante el debate parlamentario, el diputado Boaz Bismut afirmó que “los empleados de la UNRWA participaron plenamente en la brutal masacre perpetrada contra nosotros el 7 de octubre. Ayudaron, asesinaron y secuestraron. En la práctica, la UNRWA es un brazo de Hamás. Terroristas disfrazados bajo los auspicios de la ONU”.
Dirigentes palestinos también criticaron la ley. Mustafa Barghouti, secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina, la tildó de otra violación del derecho internacional.
El comisionado de la UNRWA también denunció acciones unilaterales sobre el terreno, como la irrupción de funcionarios israelíes en un complejo de la agencia en Jerusalén Este y el cierre forzoso de escuelas, privando a cientos de niños refugiados de su derecho a la educación. Lazzarini alertó que esta legislación sienta un grave precedente para otros conflictos y ataca la independencia y las inmunidades de Naciones Unidas.
En octubre de 2024, el parlamento israelí declaró ilegal la actividad de la UNRWA en Israel y prohibió cualquier contacto de sus empleados con funcionarios israelíes, alegando una supuesta conexión entre trabajadores de la agencia de la ONU con Hamás. La Corte Internacional de Justicia, sin embargo, determinó que Israel no ha fundamentado sus alegaciones sobre la conexión de empleados de la UNRWA con Hamás ni su falta de neutralidad.
Esta legislación dificulta la ayuda de la agencia a los palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania ocupada y Gaza, territorios cuyo acceso y movimiento están controlados casi por completo por Israel.