Expertos advierten que la falta de acciones coordinadas y regulaciones claras favorecen la expansión del crimen organizado en la frontera norte.
La seguridad en la frontera compartida entre México y Estados Unidos enfrenta desafíos crecientes, impulsados por una débil articulación en las políticas públicas y regulaciones mal aplicadas. La presencia de grupos delictivos ha aumentado, diversificando sus operaciones y aprovechando diversos vacíos legales para consolidar actividades ilícitas. Entre ellas, destacan el contrabando de combustibles, drogas, personas y medicamentos alterados, actividades que han encontrado un terreno fértil en la ausencia de normas estrictas y en episodios de corrupción. La relativa inacción del gobierno mexicano ha facilitado que actores criminales expandan su influencia en zonas clave, generando un incremento en la inseguridad regional. La cooperación bilateral debe ir más allá de acciones puntuales, promoviendo políticas económicas y regulatorias firmes que impidan el aprovechamiento de las fallas del Estado por parte del crimen organizado. La lucha contra estas redes requiere un enfoque integral y coordinado para recuperar la estabilidad en la frontera y proteger a la población civil.